La situación actual del país es el resultado de varias décadas de mal manejo de la economía
y de la no satisfacción de las necesidades urgentes de los ciudadanos en empleo, educación,
salud, vivienda; la presencia de fuertes desigualdades en ingreso y riqueza y la exclusión de
la vida pública de la mayoría de los ciudadanos. Colombia es un país dirigido por una minoría
insaciable en sus ansias de poder y riqueza. La pandemia solo hizo evidente con crudeza,
todas las injusticias del modelo neoliberal imperante en el país desde finales de los ochenta
del siglo XX.
Se pueden definir dos grandes factores estructurales que la pandemia hizo aún más evidentes
con mucha crudeza:
• En primer lugar, el modelo neoliberal a ultranza imperante en el mundo desde
la década de los ochenta y seguido por el país de manera acrítica, que ha resultado no
solo en el distanciamiento mayor de los más ricos con la mayoría de los ciudadanos,
y que se agudizó con el COVID, sino que está asociado también con el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental que hoy ya
afectan de manera importante y tangible a la sociedad y a las economías a nivel
mundial.
• En segundo lugar, el mal manejo de la economía colombiana al no reconocer
nuestras particularidades y las necesidades urgentes de los ciudadanos en empleo,
educación, salud, vivienda, así como la presencia y aumento de fuertes desigualdades
en ingreso y riqueza y la exclusión de la vida pública de la mayoría de los ciudadanos
en varias décadas, escudados por la lucha violenta interna del país, pues una minoría
insaciable en sus ansias de poder y riqueza que tiene poca empatía por las necesidades
sentidas del resto de ciudadanos, especialmente los pobres, ha sido la que gobierna y
controla el país. La cooptación del estado por los grupos empresariales más
poderosos y la dinámica de la cultura narco paramilitar resultan en distorsiones aún
mayores.
La insurrección popular que se inició el 28 de abril es la continuación de las protestas de
noviembre de 2019 y de septiembre de 2020, cuyos detonantes nunca fueron tenidos en
cuenta por el gobierno. Hoy como antes, no fueron oídas las voces de los millones de
ciudadanos que claman por justicia. La respuesta ha sido la dilación de las soluciones, la
negación a una verdadera negociación y la solución de tipo militarista para contener las
protestas.
La situación es extremadamente grave. Hasta el momento, distintos organismos y
plataformas defensoras de derechos humanos registran cifras alarmantes sobre muertos,desaparecidos, violaciones, personas que han perdido un ojo, arrestos arbitrarios, torturas y
amenazas. La gran mayoría de todos estos atropellos han sido perpetrados por la policía y el
ESMAD, en contra de los jóvenes manifestantes. La participación de civiles armados y de
grupos de pistoleros y paramilitares ha sido cada vez más notoria.
El gobierno se niega a reconocer la protesta social y se concentra solamente en estigmatizarla
por todos los medios. Exagera los hechos de vandalismo ocurridos, al tiempo que magnifica
los bloqueos en ciertos sitios del país, especialmente en el suroccidente. El resto del país no
ha tenido problemas de abastecimientos de ninguna clase. Hay una gran exageración para
desviar la atención de la ciudadanía de las reivindicaciones de los manifestantes y de los
abusos cometidos contra ellos.
ACECRI se solidariza con las reivindicaciones justas de los millones de colombianos que
han protestado y manifiesta su rechazo a la violencia venga de donde venga. Sin embargo,
no se puede equiparar la violencia ejercida por los tanques y las armas militares con las
piedras lanzadas por los manifestantes. Pide que el gobierno se excuse por las violaciones
cometidas por las fuerzas del orden en una clara violación a los derechos humanos.
Exige que pare la militarización y que las protestas no se manejen como si se estuviera ante
un enemigo interno, lo que parecería una vuelta del gobierno a la teoría de la seguridad
nacional de las décadas tenebrosas en Latinoamérica de los decenios de los sesenta, setenta
y ochenta.
Llamamos a la negociación sin dilaciones y excusas y a que los diferentes actores se sienten
a la mesa a conversar y concertar. Entre los distintos actores vale la pena resaltar la
importancia de que participen representantes de los grupos económicos más poderosos y las
organizaciones sociales y juveniles, quienes son protagonistas en las protestas. Dilatar como
busca el gobierno no llevará a ningún lado. Con dilatar los problemas no desaparecen, éstos
continuarán hasta que se tomen las medidas que lleven a su solución inmediata o a mediano
y largo plazo según corresponda.
Estamos con los jóvenes, las mujeres, los desempleados, los pobres y la clase media, los
indígenas, los campesinos, los artesanos, los artistas, los obreros y las minorías sexuales que
sufren por sus distintas necesidades insatisfechas y por ser objeto de injusticias de todo tipo.
Igualmente, con los policías y soldados que la clase dirigente elitista coloca como enemigos
del pueblo, quienes se encuentran en una Institución en la que urge una profunda reforma
que garantice el respeto de los derechos humanos ante cualquier situación.
Es mucho lo que hay que resolver después de más de 200 años de una independencia muy
relativa, puesla división internacional del trabajo nos asigna el rol de proveedores de materias
primas y nuestras clases dirigentes se contentan con explotar a la mayoría de los colombianos
y extraer y destruir, sin consideración alguna, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
Los economistas heterodoxos tenemos concepciones diferentes a los de la economía ortodoxa
dominante, que lleva más de 30 años manejando los asuntos socio-económicos colombianos,sin lograr una mejor nación para todos y, por el contrario, deteriorando tanto la riqueza
humana, la intelectual, la privada y la natural del país. Hoy las clases dominantes con los
intelectuales a su servicio quieren aparecer como los salvadores. ACECRI manifiesta su
interés en contribuir a una discusión de fondo sobre la necesidad de cambiar el modelo
económico.
Desde ACECRI estamos prestos a contribuir con el planteamiento de soluciones desde una
perspectiva económica heterodoxa, y en ese sentido, una primera propuesta consiste en el
diseño e implementación de un plan de empleo financiado por el gobierno para los
desempleados, especialmente para los jóvenes que en abril de 2021 ascendían a 1.600.000,
con un salario mínimo y sus prestaciones, que se puede realizar inmediatamente porque no
da espera la crisis humanitaria de este sector de la población. Este plan sería descentralizado
a nivel de los municipios, administrado por las comunidades organizadas que definirían el
tipo de trabajo a realizar por los jóvenes para beneficio de la comunidad. Actividades como
la reforestación, el mantenimiento de vías, cuidado y limpieza de espacios públicos, y el
cuidado de personas en situación de dependencia, podrían ser entre otras, objeto del plan de
empleo propuesto. Los recursos existen y no se necesita para esto ninguna reforma tributaria.
Firman:
Diego Otero Prada, Presidente
Consuelo Ahumada Beltrán, Vicepresidente
Adriana Cadena Cancino, Secretaria
Carolina Padilla Pardo, Tesorera
Arturo Cancino Cadena, Vocal
Samuel Jaramillo, Vocal
Yezid Soler, Vocal
Yezid Obregón, Comunicaciones