Pocos lectores sabrán que en 1990 George Bush padre planteó un Área de Libre Comercio para las Américas (Alca), la definió como “una sola zona franca desde Alaska hasta la Tierra del Fuego”. Eran los albores de la globalización y, como dijo el empresario automotor norteamericano Lee Iacocca, la “hora de dedicarse a los negocios”.
El proceso, adelantado con casi todas las naciones americanas, se murió en 2003 en Miami, cuando Argentina, Brasil y Venezuela, porlas normas asimétricas favorables a Estados Unidos, se levantaron de la mesa. Fue otro traspié a los poderosos para imponer leyes de hierro en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Afloraron en consecuencia, como estrategia sustituta, los tratados bilaterales de libre comercio, los TLC, con los que en 2004 el representante comercial Robert Zoellick dijo que Estados Unidos iba a “abrazar el globo”. En “las Américas”, los suscribió con Colombia, Perú, Chile, seis países de Centroamérica y República Dominicana, que se agregaron al Nafta (por sus siglas en inglés), el primero en 1994, con Canadá y México, y explora uno con Uruguay para compensar el que los charrúas pactarían con China.
De cuando Bush padre lanzara su ucase, han corrido mucha agua y tormentas: el “infarto de Wall Street” en 2008; sobrevinientes conflictos bélicos; la pandemia del covid con secuelas inflacionarias y choques en los suministros; “estallidos sociales”; inconformidad general expresada de múltiples maneras y, en especial, la decisión hegemónica norteamericana de limitar la influencia geopolítica y la expansión económica de China y aún más en su “patio trasero”.
Esas son las razones, unas expresadas en forma abierta y otras soterradas, para que la Casa Blanca publicara la ‘Declaración Conjunta sobre la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica’ el 27 de enero de 2023, en la que el Gobierno de Estados Unidos, como líder, anuncia, junto con los de Colombia, Barbados, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay, la “intención compartida de establecer” dicha “asociación regional más fuerte”, una resurrección del Alca, para lo cual inician negociaciones.
(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/joint-declaration-on-the-americas-partnership-for-economic-prosperity/).
Los países firmantes tienen TLC con Estados Unidos (excepto Ecuador, que está dolarizado) y, por tanto, los elementos clave de esa alianza vienen de la esencia de los convenios bilaterales: “la expansión de lazos comerciales regionales”; “prevenir interrupciones en las cadenas” de suministro y valor; “comercio sostenible e inclusivo”; “mayor integración” en materia aduanera (¿régimen arancelario único?); “abordar las barreras no arancelarias”; “inversiones sostenibles” (palabreja de moda); “revitalizar las instituciones económicas y financieras regionales” y “asociarnos en reformas… en las instituciones financieras y crediticias multilaterales”.
En el rezo neoliberal no podía faltar “la inversión del capital privado”, conjunta “con aliados dentro y fuera del hemisferio” y “conexiones y lazos comerciales entre empresarios de la diáspora en las Américas y el Caribe” (las multinacionales) ni tampoco “la competencia en mercados abiertos”. El rosario remata con que la “cooperación económica más profunda” es “para promover la visión de desarrollo, democracia y prosperidad compartida” por lo que el relanzamiento de la recolonización del Alca tiene inmerso el interés geopolítico continental estadounidense y la contención de otros poderes, en particular de China.
Como todo garrote lleva zanahoria, la alianza, invocada al tenor de la “resiliencia”, pretende “acelerar el crecimiento” y “que pueda beneficiar a todos”, “combatir el cambio climático”; “eliminar la pobreza”; “reducir la desigualdad”; lucha “contra la corrupción y el lavado de dinero” y “flujos financieros ilícitos”, apoyada en la “sociedad civil” (como ya hace la organización Global Financial Integrity con sus cooperantes). Asimismo, esfuerzos “por igualdad de género”; por “participación laboral” y “empoderamiento” de la mujer; por “derechos humanos” con énfasis “en grupos subrepresentados”; por “empleo formal”; “derechos de los trabajadores” y con “política comercial responsable”. Todo un sarcasmo perseguir tan justas metas con los mismos instrumentos que las estropearon por décadas.
El Gobierno Petro, al adherir a un Alca versión 2.0, se abstuvo de renegociar el TLC, quebró su promesa de campaña y, al contrario, lo profundiza, reforzando así el alineamiento de Colombia con Estados Unidos. Quienes digan enarbolar banderas de soberanía y democracia, han de confrontarlo sin pretextos.